El porcino es un sector clave para el presente y el futuro de la sociedad española por su gran importancia social y económica con una gran capacidad de generación de puestos de trabajo. 415.000 personas trabajan en torno al porcino, 142.600 de manera directa (alrededor del 40% es empleo femenino) y otras 272.400 en empleos indirectos e inducidos.

Estos datos consolidan a España como el primer productor y exportador de carne de cerdo de la Unión Europea y el cuarto a nivel mundial. Y estamos ante un sector líder mundial en excelencia productiva y empresarial comprometido con los más altos estándares de sostenibilidad, con los objetivos de descarbonización, bienestar animal, circularidad y respeto con el medio ambiente.

El sector porcino español ha tenido un crecimiento continuado en los últimos 10 años y tiene potencial para seguir creciendo según las tendencias del mercado internacional, por la excelencia e internacionalización y competitividad de nuestro sector ganadero, sin perder de esta manera cuota de mercado.

Este crecimiento, contrario a la tendencia hacia la reducción de la cabaña porcina que muestran otros países del entorno comunitario, ha sido posible gracias al equilibrio alcanzado entre la producción y la reducción de la huella ambiental del sector.

Los esfuerzos por descarbonizar el sector porcino y la reducción de su huella hídrica y de nitratos ha permitido que la cantidad de excedentes de purines no haya crecido en paralelo a la cabaña y que, gracias al papel de las plantas de cogeneración y su capacidad de tratamiento de purines no se haya contribuido a incrementar la contaminación por nitratos.

La cabaña porcina española ha aumentado más de un 30% en los últimos 10 años, más del 52% está en Aragón y Cataluña.

El sector porcino español se enfrenta al fin de una de las herramientas de sostenibilidad con la que han podido crecer durante los últimos diez años en equilibrio sostenible al alcanzarse los 25 años de vida útil regulatoria de las plantas de cogeneración de purines, un final que aboca al cierre de numerosas explotaciones que no cuentan con alternativas para el tratamiento de este residuo ganadero.

Además de las dos plantas de Lleida y Barcelona que alcanzaron su vida útil regulatoria en diciembre de 2024, en los próximos años serán más de 22 las plantas abocadas al cese comprometiendo la viabilidad de pequeñas explotaciones asociadas a las mismas, lo que representa no sólo un impacto económico muy significativo para los agricultores y ganaderos asociados, sino que también plantea un desafío medioambiental considerable, dado el papel crucial que estas instalaciones desempeñan en la gestión de purines al no haber una alternativa que cubra esa capacidad actualmente en funcionamiento.

En España se generan en torno a 70 millones de toneladas anuales de purín, de los que en Cataluña y Aragón se producen el 50%.

El estudio elaborado por PwC señala que, mientras que la capacidad y el número de plantas de tratamiento disminuirá por el fin de su vida útil en los próximos años, la producción podría seguir aumentando alrededor del 5% en los próximos 10 años, a pesar de las restricciones crecientes impuestas por los reglamentos europeos.

Las plantas de tratamiento de purines suponen una solución integral a los problemas ambientales y sociales de las zonas vulnerables a nitratos, es concreto, eliminan la contaminación del suelo y el agua, las emisiones difusas de gases efecto invernadero y los malos olores generados en la actividad ganadera. Actualmente el 65% de las plantas de biometano actuales que utilizan purines como materia prima no eliminan el nitrógeno, dentro del 35% restante que sí lo eliminan se encuentran las plantas de ADAP.